La investigación sobre las presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader entró en una nueva etapa judicial. El Ministerio Público pidió tres meses de prisión preventiva contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, mientras profundiza una pesquisa que ya no se limita a mensajes atribuidos al imputado y que incorpora plataformas digitales, equipos electrónicos y sustancias ocupadas durante varios allanamientos.
De la Cruz Sosa es señalado por el órgano acusador de terrorismo y de participar presuntamente en la preparación de una acción contra el mandatario. La solicitud de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte.
Un grupo de Telegram aparece dentro de la investigación
Entre los elementos señalados por las autoridades figura un grupo de Telegram denominado Trinitarios Élite, que, según la investigación, habría sido administrado por el imputado y utilizado para coordinar acciones relacionadas con el supuesto plan.
La existencia y utilización de ese grupo forma parte de la teoría presentada por las autoridades y deberá ser sustentada judicialmente mediante las evidencias digitales correspondientes. El hecho de que el Ministerio Público lo incluya dentro de su expediente no constituye por sí mismo una declaración definitiva de culpabilidad.
El 6 de noviembre figura como la fecha señalada por los investigadores
Las pesquisas sitúan el presunto ataque para el 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Constitución. Las autoridades sostienen que el Congreso Nacional figuraba dentro del escenario contemplado para la supuesta acción.
La fecha adquiere relevancia porque el presidente de la República participa tradicionalmente en actividades oficiales vinculadas a esa celebración. Sin embargo, hasta que el proceso avance, corresponde mantener ese señalamiento como parte de la acusación del Ministerio Público y no como un plan cuya ejecución haya sido judicialmente demostrada.
Los allanamientos ampliaron el expediente
Durante las diligencias realizadas en un apartamento del sector Vista al Valle y en una ferretería de San Francisco de Macorís donde trabajaba el investigado, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y distintas sustancias químicas.
Esos objetos permanecen bajo evaluación para determinar si guardan relación con las amenazas investigadas. La participación de unidades especializadas en delitos informáticos e inteligencia refleja el peso que tienen las comunicaciones digitales dentro del expediente.
También ha circulado un audio atribuido al entorno investigado en el que se habla de la preparación de explosivos. Ese material forma parte de las informaciones surgidas alrededor del caso y deberá ser autenticado y vinculado formalmente a sus responsables antes de que pueda considerarse una prueba concluyente.
La defensa consiguió más tiempo antes de discutir la coerción
La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva fue aplazada a petición de la defensa, que solicitó tiempo para estudiar íntegramente el expediente y preparar sus argumentos. El conocimiento de la medida quedó fijado para el martes 10 de noviembre.
De la Cruz Sosa ha negado públicamente conocer los hechos que se le atribuyen y ha remitido las preguntas sobre el proceso a sus abogados. Esa versión deberá confrontarse en los tribunales con las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
La medida de coerción no decide la culpabilidad
Los tres meses solicitados por el Ministerio Público corresponden a una medida cautelar mientras continúa la investigación. El juez deberá evaluar si existen razones legales suficientes para mantener al imputado privado de libertad durante ese período.
La decisión que tome el tribunal sobre la coerción no será una sentencia sobre el fondo del caso. Determinar si existió realmente una planificación, quiénes participaron y qué alcance tenía el supuesto plan requerirá que las autoridades sustenten cada acusación dentro del proceso penal.
Por qué importa
Una investigación relacionada con un posible atentado contra el presidente involucra directamente la seguridad del Estado y obliga a las autoridades a actuar con rapidez. Pero esa misma gravedad hace necesaria una precisión especial: las acusaciones, los mensajes digitales y los objetos ocupados deben ser demostrados y conectados entre sí ante un tribunal. El caso entra ahora en una fase donde la evidencia tendrá más peso que las versiones que han circulado públicamente.
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