Una reforma policial puede sumar agentes, patrullas, cámaras y nuevas academias, pero existe una prueba que no se mide únicamente con estadísticas: qué siente un ciudadano cuando un policía le ordena detenerse. Ese fue el punto que Faride Raful enfrentó al responder a quienes aseguran que todavía sienten temor o desconfianza ante una intervención de la Policía Nacional.
La ministra de Interior y Policía defendió que el proceso de transformación de la institución está diseñado precisamente para modificar esa relación. Su planteamiento reconoce, al mismo tiempo, que cambiar procedimientos internos no produce automáticamente confianza en las calles y que la percepción ciudadana dependerá de cómo actúe cada agente durante el contacto cotidiano con la población.
La reforma ya cambió la manera de formar a los nuevos policías
Uno de los ejemplos utilizados dentro del proceso de transformación ha sido la promoción de 1,016 agentes graduados en 2024 bajo el nuevo modelo de formación policial. Aquella promoción fue presentada por las autoridades como una de las primeras señales visibles de un sistema educativo más amplio y exigente.
El proceso continuó después. Para septiembre de 2026, la Policía Nacional reportaba más de 12,000 agentes graduados bajo el nuevo esquema y otros miles en procesos de prácticas supervisadas. La formación inicial, que anteriormente podía completarse en períodos considerablemente más cortos, fue ampliada y reorganizada como parte de la profesionalización de la carrera policial.
La confianza también depende de quién vigila al agente
La transformación no se ha limitado al entrenamiento. Las autoridades han incorporado miles de cámaras corporales, nuevos mecanismos de supervisión y sistemas de monitoreo destinados a documentar las actuaciones policiales y facilitar la investigación cuando existen denuncias de abusos.
Raful ha sostenido públicamente que los agentes involucrados en actuaciones irregulares deben ser puestos a disposición del Ministerio Público. Esa postura forma parte de la respuesta oficial a uno de los problemas que históricamente ha deteriorado la relación entre ciudadanía y Policía: la percepción de que una actuación indebida puede quedar sin consecuencias.
Pero la instalación de una cámara o la aprobación de un nuevo protocolo no cambia por sí sola una cultura institucional. Para que la reforma sea percibida fuera de los cuarteles, el ciudadano tendría que notar diferencias concretas en un chequeo, una detención, una denuncia o una solicitud de asistencia.
Detenerse ante un policía no debería convertirse en una decisión basada en el miedo
La preocupación planteada durante la conversación toca precisamente ese punto. Cuando una persona duda si obedecer una orden legítima de un agente porque teme lo que pueda ocurrir después, el problema trasciende la seguridad pública y alcanza la confianza institucional.
Eso tampoco significa que toda intervención policial sea abusiva ni que la desconfianza expresada por algunas personas describa automáticamente la experiencia de toda la población. La discusión está en si la transformación impulsada por el Gobierno consigue reducir esa distancia de manera sostenida.
Los datos oficiales muestran avances operativos: mayor presencia policial en las calles, incorporación de nuevos agentes y ampliación del uso de tecnología. Sin embargo, la confianza ciudadana necesita otro tipo de evidencia: actuaciones previsibles, respeto a los derechos, procedimientos claros y consecuencias cuando un miembro de la institución se aparta de ellos.
Por qué importa
La verdadera medida de una reforma policial no estará únicamente en cuántos agentes fueron graduados o cuántas cámaras fueron adquiridas. También estará en la capacidad de conseguir que una interacción entre un ciudadano y un policía deje de comenzar desde la sospecha o el temor. La respuesta de Faride Raful coloca ese desafío en el centro: transformar la Policía implica cambiar la institución, pero también reconstruir la relación que esa institución mantiene con la sociedad.
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