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Supuestos audios agregan una nueva pieza al expediente sobre amenazas contra Abinader, pero aún falta probar su autenticidad

Grabaciones atribuidas a Delvinson de la Cruz Sosa comenzaron a circular mientras el Ministerio Público investiga un supuesto plan contra el presidente Luis Abinader. Los audios hablan de explosivos y una movilización, pero las autoridades todavía no han confirmado públicamente su autenticidad.

Composición muestra a un joven, al presidente Luis Abinader y una gráfica de audio relacionada con una investigación en curso.

La investigación contra Delvinson de la Cruz Sosa sumó un elemento que puede resultar importante, pero que todavía requiere una comprobación técnica: varias grabaciones difundidas en redes sociales y atribuidas al joven de 29 años contienen referencias a explosivos, preparativos y una acción que supuestamente ocurriría próximamente.

El material apareció públicamente mientras De la Cruz Sosa permanece detenido y enfrenta una solicitud de tres meses de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, que lo investiga por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader y por la posible planificación de un atentado.

Qué se escucha en las grabaciones difundidas

En uno de los audios, una voz atribuida al investigado habla de la preparación de explosivos y de otros elementos antes de una futura movilización. También hace referencias a que quienes participen deben estar preparados para actuar cuando llegue el momento.

Las grabaciones fueron difundidas inicialmente por comunicadores y posteriormente reproducidas por distintos medios nacionales. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación pública del Ministerio Público o de los organismos de inteligencia que certifique que la voz corresponde efectivamente a De la Cruz Sosa o que el material forma parte formal de las evidencias depositadas ante el tribunal.

La investigación oficial ya había comenzado antes de los audios

El caso no surgió a partir de estas grabaciones. Antes de su difusión, las autoridades ya habían arrestado a De la Cruz Sosa en San Francisco de Macorís después de recibir alertas de organismos de inteligencia sobre supuestas amenazas contra el mandatario.

Durante los allanamientos realizados en su residencia y en el establecimiento donde trabajaba, fueron ocupados equipos electrónicos y sustancias químicas que permanecen bajo evaluación. El Ministerio Público también investiga comunicaciones digitales y la posible participación de otras personas.

Informaciones incorporadas al expediente señalan además la existencia de un grupo de Telegram denominado Trinitarios Élite, que habría sido utilizado para coordinar acciones. Esa versión forma parte de la hipótesis investigativa y deberá ser demostrada mediante las evidencias digitales correspondientes.

El 6 de noviembre aparece nuevamente dentro de la investigación

Las autoridades sostienen que el supuesto plan habría contemplado una acción para el 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución. El Congreso Nacional figura dentro de las informaciones relacionadas con el posible escenario previsto.

Ese señalamiento continúa siendo una acusación del Ministerio Público y no un hecho establecido mediante sentencia. De la Cruz Sosa, por su parte, ha negado públicamente conocer las acusaciones y ha remitido las preguntas sobre el caso a sus abogados.

Un audio viral no sustituye una prueba pericial

La circulación masiva de una grabación puede aumentar la atención pública sobre una investigación, pero no determina por sí sola quién habla, cuándo fue producido el material, si fue editado o cuál era el contexto completo de la conversación.

Para que esos audios adquieran verdadero peso dentro del proceso penal, deberán ser autenticados, vinculados técnicamente con sus responsables y evaluados junto con el resto de las evidencias obtenidas por las autoridades.

Por qué importa

La aparición de las grabaciones añade una nueva dimensión pública a un caso que ya involucra seguridad presidencial, inteligencia y una acusación de terrorismo. Precisamente por la gravedad del expediente, distinguir entre material difundido en redes sociales y evidencia autenticada judicialmente resulta esencial. El contenido puede ser relevante para la investigación, pero su valor definitivo dependerá de lo que las autoridades logren demostrar ante un tribunal.

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