Una alerta de los organismos de inteligencia terminó convirtiéndose en una investigación penal que ahora deberá pasar por el filtro de los tribunales. El Ministerio Público mantiene bajo investigación a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader y por hechos que las autoridades relacionan con la posible preparación de una acción violenta contra el mandatario.
La investigación tomó forma después de que organismos de seguridad comunicaran al Ministerio Público información sobre supuestas intenciones dirigidas contra la figura presidencial. A partir de esa alerta fueron autorizados allanamientos en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, tanto en un apartamento donde residía el investigado como en el establecimiento donde trabajaba.
El 6 de noviembre aparece como una fecha clave dentro del expediente
La documentación judicial sitúa la hipótesis investigativa alrededor de los actos conmemorativos del Día de la Constitución, celebrados el 6 de noviembre. Según la teoría del Ministerio Público, el posible atentado habría sido contemplado para esa jornada y tendría como referencia la sede del Congreso Nacional.
Esa afirmación forma parte de la investigación de las autoridades y no equivale todavía a una sentencia ni a una determinación judicial de responsabilidad. El proceso se encuentra en una etapa inicial en la que el órgano acusador debe sustentar ante un juez los elementos que atribuye al imputado.
Equipos electrónicos y sustancias químicas quedaron bajo análisis
Durante los allanamientos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que las autoridades incorporaron a la investigación. La autorización judicial también contemplaba la búsqueda de armas, pertrechos militares, posibles artefactos explosivos y otros objetos que pudieran guardar relación con las amenazas investigadas.
La participación de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia responde al componente tecnológico del caso y a la necesidad de examinar dispositivos y comunicaciones que puedan aportar información sobre el origen, alcance y posible planificación de las amenazas.
La coerción todavía no ha sido decidida
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra De la Cruz Sosa, pero la audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada hasta el 10 de noviembre después de que la defensa pidiera tiempo adicional para revisar las pruebas depositadas y preparar sus argumentos.
Durante su traslado judicial, el investigado negó conocer los hechos que se le atribuyen y remitió otras preguntas a sus abogados. Esa posición forma parte de su defensa y debe valorarse junto con las evidencias que el Ministerio Público presente ante el tribunal.
La próxima audiencia no determinará todavía la culpabilidad o inocencia del imputado. El juez deberá decidir qué medida corresponde mientras continúa la investigación, tomando en cuenta tanto la solicitud del Ministerio Público como los argumentos de la defensa.
Un caso que exige distinguir acusación de hecho probado
La gravedad de una investigación relacionada con la seguridad del presidente puede producir titulares contundentes, pero el lenguaje judicial exige precisión. Hasta este momento existe una persona arrestada, una investigación formal, evidencias ocupadas y una solicitud de prisión preventiva; la responsabilidad penal definitiva solo puede establecerse mediante el proceso correspondiente.
Por qué importa
Una amenaza contra el jefe de Estado activa mecanismos de inteligencia, seguridad y persecución penal que trascienden a una investigación ordinaria. Al mismo tiempo, la gravedad de la acusación obliga a mantener una diferencia clara entre lo que sostiene el Ministerio Público y lo que finalmente pueda demostrar ante los tribunales. El caso combina seguridad nacional y debido proceso, dos elementos que deberán avanzar de manera paralela mientras continúa la investigación.
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