Detrás de la transición hacia la facturación electrónica hay una preocupación que no se limita al funcionamiento de un sistema informático. Para quienes sostienen negocios pequeños, el debate también pasa por una pregunta mucho más cotidiana: cuánto dinero queda disponible después de pagar todo lo necesario para continuar operando.
Ese fue el punto central del reclamo realizado por una emprendedora dominicana en un video difundido en redes sociales. Desde su establecimiento comercial, la joven enumeró gastos que asegura enfrentar regularmente y cuestionó cómo los negocios de menor tamaño podrán adaptarse a nuevas obligaciones administrativas cuando muchos todavía luchan por mantener suficiente liquidez para reponer mercancía.
“Ningún pequeño negocio va a aguantar”
La comerciante expresó su rechazo en términos contundentes y sostuvo que la situación económica de los pequeños establecimientos ya es complicada antes de incorporar cualquier nueva responsabilidad.
Entre los gastos mencionados señaló electricidad, teléfono, impuestos y otros costos operativos. También explicó que existen momentos en los que el dinero disponible apenas alcanza para adquirir nuevamente los productos que necesita vender, por lo que interpreta cualquier obligación adicional como una presión sobre el flujo de efectivo del negocio.
Sus declaraciones representan su experiencia y valoración personal. No significan que todos los pequeños negocios tengan la misma estructura de costos ni que la facturación electrónica implique necesariamente el mismo gasto para cada contribuyente.
El plazo del 15 de noviembre está cada vez más cerca
La inquietud surge en un momento concreto del calendario tributario. La Dirección General de Impuestos Internos otorgó una prórroga extraordinaria a los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micro y No Clasificados para completar la implementación de la facturación electrónica.
Ese plazo vence el 15 de noviembre de 2026. La extensión fue concedida después de que la fecha original para este grupo estuviera fijada para mayo y forma parte del proceso escalonado establecido por la Ley 32-23.
Una vez concluido el período de prórroga, los contribuyentes obligados que no hayan realizado la implementación quedan expuestos a las sanciones contempladas por la legislación, según ha advertido oficialmente la DGII.
Implementar el sistema no significa necesariamente comprar un programa
Uno de los elementos importantes dentro de esta discusión es que la DGII dispone de un Facturador Gratuito dirigido especialmente a personas físicas, profesionales liberales y mipymes que no cuentan con un sistema propio para emitir comprobantes fiscales electrónicos.
La herramienta no tiene costo de uso ni mantenimiento y funciona mediante internet. La institución informó además que aproximadamente el 64 % de los emisores electrónicos utilizaba esta alternativa gratuita y que puede manejar hasta 150 facturas mensuales.
Esto no elimina otros costos que un negocio pueda enfrentar durante su operación o adaptación tecnológica, pero permite distinguir entre el debate general sobre el peso económico de mantener una empresa y la afirmación de que necesariamente será obligatorio contratar un sistema privado de facturación.
Más de 100 mil contribuyentes ya habían realizado la transición
La DGII informó en octubre que República Dominicana había superado los 100 mil contribuyentes emisores electrónicos. La institución sostiene que el modelo busca simplificar procesos, reducir gastos administrativos relacionados con documentación física y fortalecer el control tributario.
También existe una red cercana a los 200 proveedores autorizados para aquellos negocios que necesiten soluciones diferentes o más amplias que la herramienta gratuita ofrecida por la administración tributaria.
El reclamo revela una discusión más amplia que la tecnología
El malestar expresado por la emprendedora muestra que parte de la resistencia no necesariamente está dirigida al concepto de una factura digital. Su preocupación está relacionada con la acumulación de responsabilidades que perciben quienes administran pequeños establecimientos.
Para este sector, formalizarse y mantenerse formal implica cumplir simultáneamente con obligaciones tributarias, servicios, proveedores, inventario y otros compromisos. Por eso, incluso una herramienta diseñada para modernizar procesos puede generar rechazo cuando llega en un contexto donde el comerciante siente que su margen económico ya está reducido.
Por qué importa
La facturación electrónica entra ahora en su etapa más sensible porque alcanza precisamente al segmento empresarial con menor capacidad administrativa y financiera. La modernización tributaria puede ofrecer ventajas, pero su adopción dependerá también de que pequeños comerciantes comprendan qué deben hacer, cuánto realmente les costará y qué alternativas gratuitas tienen disponibles. El reclamo de esta emprendedora refleja una preocupación que las autoridades deberán enfrentar no solamente con obligaciones y plazos, sino también con información, acompañamiento y herramientas accesibles.
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