La discusión sobre la presencia de trabajadores haitianos en la construcción dominicana suele concentrarse en migración, pero Daniel Cuevas colocó otra pregunta sobre la mesa: cuánto empleo y cuánto dinero generado por uno de los sectores más activos de la economía podría permanecer entre trabajadores dominicanos si existieran mejores condiciones para incorporarlos y retenerlos.
Durante una intervención en su programa, el comunicador cuestionó que la conveniencia económica de contratar mano de obra extranjera termine convirtiéndose en el principal criterio para cubrir puestos que también podrían representar una fuente de ingresos para familias dominicanas.
“¿Por qué no te puede convenir que gran parte de tu dinero se quede también con la mano de obra dominicana?”
El planteamiento no se limita a sustituir trabajadores
Cuevas vinculó su posición con las oportunidades disponibles para los dominicanos y con las razones por las que una parte de la población busca mejores ingresos fuera del país. Su argumento apunta a que ofrecer empleos no es suficiente si las remuneraciones y condiciones no resultan competitivas para quienes deben asumir trabajos físicamente exigentes.
Desde esa perspectiva, el debate no consiste solamente en decidir entre trabajadores dominicanos o haitianos. También obliga a revisar cuánto se paga, cuáles son las condiciones laborales y qué incentivos existen para que un dominicano considere la construcción como una opción sostenible de desarrollo económico.
La ley dominicana ya establece una proporción mínima de trabajadores nacionales
El Código de Trabajo contiene una disposición concreta sobre la composición de las plantillas. Su artículo 135 establece que por lo menos el 80 % del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos.
El artículo siguiente dispone además que, en términos generales, al menos el 80 % del monto destinado al pago del personal debe corresponder a trabajadores dominicanos. La propia legislación contempla excepciones para determinadas funciones técnicas, administrativas y otras situaciones específicas.
Eso significa que la prioridad de la mano de obra nacional no depende únicamente de una propuesta política o de una opinión pública: ya existe dentro de la legislación laboral. La discusión pasa entonces por su cumplimiento efectivo y por las particularidades de sectores que durante años han utilizado una proporción significativa de trabajadores inmigrantes.
Contratar extranjeros también está sujeto a requisitos
La legislación dominicana permite la contratación de trabajadores extranjeros cuando se cumplen las condiciones correspondientes. En áreas como agricultura y construcción existe incluso un permiso migratorio específico para trabajadores temporeros contratados por empresas formalmente constituidas.
Una situación distinta ocurre cuando una empresa utiliza personas que permanecen en el país en condición migratoria irregular. La Dirección General de Migración ha intensificado durante 2026 las inspecciones en fincas, comercios y obras de construcción precisamente para identificar este tipo de contratación.
Las autoridades han advertido que continuarán fiscalizando empresas y empleadores que utilicen mano de obra extranjera al margen de las disposiciones migratorias y laborales.
La construcción sigue siendo una actividad económica importante
La discusión adquiere mayor dimensión por el peso del sector. Durante los primeros nueve meses de 2026, la actividad de construcción registró un crecimiento de 8.2 %, colocándose entre las actividades que impulsaron la expansión económica dominicana durante ese período.
Un sector con ese nivel de actividad genera una pregunta legítima sobre quiénes acceden a los puestos creados, bajo qué condiciones trabajan y cuánto de los ingresos producidos termina circulando dentro de las comunidades dominicanas.
Salarios y condiciones también forman parte del problema
Presentar la situación únicamente como una competencia entre nacionalidades puede dejar fuera una parte importante del problema. Las empresas buscan costos que permitan ejecutar proyectos, mientras los trabajadores evalúan si la remuneración compensa el esfuerzo, la jornada y las condiciones de cada puesto.
La construcción también mantiene una fuerte exposición a la informalidad laboral. Ese elemento puede dificultar la estabilidad, el acceso a protección social y la capacidad del sector para convertirse en una opción de largo plazo para determinados trabajadores.
Por eso, aumentar la participación dominicana requeriría algo más que pedir a los empleadores que contraten nacionales. También implica crear condiciones que permitan competir por esos trabajadores mediante mejores oportunidades, capacitación, formalidad y remuneraciones.
El debate debe evitar convertir al trabajador extranjero en el problema
El planteamiento de Cuevas puede discutirse desde la protección del empleo nacional sin responsabilizar individualmente al trabajador haitiano que busca una fuente de ingresos. Las decisiones de contratación corresponden principalmente a empresas y empleadores, mientras el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir las normas laborales y migratorias.
La discusión de fondo, por tanto, incluye tres responsabilidades distintas: empresas que respeten la legislación, autoridades capaces de fiscalizarla y políticas laborales que permitan que los dominicanos encuentren razones económicas reales para ocupar esos puestos.
Por qué importa
La construcción mueve inversiones, crea empleos y genera ingresos en República Dominicana. Definir quién accede a esas oportunidades y bajo qué condiciones tiene consecuencias económicas que van más allá de una obra determinada. El planteamiento de Daniel Cuevas pone el foco en una pregunta que merece analizarse sin simplificaciones: cómo aumentar la participación de trabajadores dominicanos sin ignorar la realidad productiva del sector, los derechos de los trabajadores extranjeros ni la necesidad de mejorar salarios, formalidad y condiciones laborales para todos.
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