La ofensiva salvadoreña contra las pandillas ya no se concentra únicamente en las capturas. Una nueva etapa se desarrolla dentro de los tribunales, donde integrantes de estructuras criminales están recibiendo condenas acumuladas de cientos de años por homicidios, extorsiones, desapariciones y otros delitos cometidos durante largos períodos.
Las elevadas penas responden a la acumulación de condenas individuales por múltiples hechos atribuidos y demostrados dentro de cada proceso. No significan que una persona pueda cumplir físicamente varios siglos de prisión, pero reflejan la cantidad y gravedad de los delitos por los que fue declarada culpable.
Un caso reciente terminó con penas de hasta 642 años
En octubre de 2026, la Fiscalía General de la República informó la condena de 46 integrantes vinculados al denominado programa Usulután de la MS-13 por delitos cometidos entre 2002 y 2019.
La investigación incluyó 56 homicidios agravados, 44 extorsiones agravadas, 11 privaciones de libertad y tres intentos de homicidio, además de otros cargos relacionados con la estructura criminal.
La pena más elevada fue impuesta a David Alexander Argueta Argueta, señalado por la Fiscalía con el alias de “Jochi”, quien acumuló 642 años de prisión por organizaciones terroristas, homicidios y otros delitos. Otros procesados recibieron condenas de 617, 589 y 314 años.
Otro proceso contra la MS-13 llegó hasta 565 años
Días después, la justicia salvadoreña condenó a integrantes de la clica Fulton Locos Salvatruchos, vinculada al programa Hollywood de la MS-13, en un proceso que involucró a 116 acusados.
Las penas alcanzaron hasta 565 años de cárcel por delitos que incluyeron agrupaciones ilícitas, conspiración para homicidio y extorsión, tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas.
Según la Fiscalía, la estructura operó principalmente en Chalatenango y extendió sus actividades a zonas de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana.
Las condenas extensas no comenzaron en 2026
Los tribunales salvadoreños ya habían dictado sentencias todavía mayores en procesos anteriores. Un informe oficial de la Fiscalía documenta el caso de Gerardo Josué García García, condenado a 1,071 años de prisión dentro de un proceso contra 146 integrantes de la clica Sailor Locos Salvatruchos.
En ese expediente se procesaron 121 hechos criminales cometidos entre 2014 y 2018 en San Miguel y Morazán. Al condenado se le atribuyeron, entre otros delitos, 12 homicidios agravados, 28 extorsiones agravadas y participación en una organización terrorista.
El antecedente ayuda a explicar por qué en publicaciones sobre el sistema judicial salvadoreño aparecen cifras que superan ampliamente la expectativa de vida de cualquier condenado: los tribunales suman las penas correspondientes a diferentes delitos dentro de un mismo expediente.
También existen condenas menores según los delitos acreditados
No todos los procesos terminan con sentencias de varios siglos. En noviembre de 2026, por ejemplo, 26 integrantes del Barrio 18 Sureños fueron condenados a penas de hasta 115 años, mientras otros miembros recibieron 20, 30, 75 y 85 años, dependiendo de los delitos establecidos en cada caso.
Otros procesos recientes contra estructuras de la MS-13 y Barrio 18 han terminado con condenas de entre 20 y 60 años por agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas, armas y otros delitos.
Eso demuestra que las sentencias no responden a una cifra uniforme aplicada a cualquier persona identificada como pandillera, sino a la combinación de delitos y responsabilidades determinadas dentro de cada proceso judicial.
La ofensiva judicial acompaña al régimen de excepción
La estrategia contra las pandillas se desarrolla en paralelo al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Bajo esa política, decenas de miles de personas han sido detenidas y numerosas estructuras criminales han sido llevadas ante tribunales especializados contra el crimen organizado.
El Gobierno de Nayib Bukele atribuye a esa ofensiva una reducción drástica de los homicidios y la pérdida del control territorial que durante años ejercieron grupos como la MS-13 y Barrio 18.
El modelo también enfrenta cuestionamientos sobre garantías judiciales
Mientras el Gobierno presenta las condenas como una demostración de que las estructuras criminales están siendo llevadas ante la justicia, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada y garantías del debido proceso dentro del régimen de excepción.
Las críticas no invalidan automáticamente las condenas dictadas por los tribunales, pero introducen otra dimensión del debate: la necesidad de que las responsabilidades sean individualizadas y respaldadas por pruebas suficientes incluso dentro de una política de seguridad extraordinaria.
Por qué importa
Las penas de cientos de años muestran que la política contra las pandillas en El Salvador está pasando de una fase dominada por capturas masivas a otra marcada por sentencias judiciales contra estructuras completas. La magnitud de las condenas refleja la acumulación de delitos graves cometidos durante años, pero también mantiene abierta la discusión sobre cómo combinar una respuesta contundente frente al crimen organizado con procesos capaces de establecer responsabilidades individuales y garantizar el debido proceso.
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