Costa Rica comenzó a utilizar una de las piezas centrales de su nueva estrategia contra el crimen organizado. Los primeros 123 privados de libertad fueron trasladados al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como CACCO, una prisión concebida para aplicar controles penitenciarios más estrictos y reducir la capacidad de operación de estructuras criminales desde las cárceles.
Las imágenes del ingreso mostraron a los reclusos con uniformes naranjas, cabezas rapadas y bajo una fuerte vigilancia policial. La escena generó inmediatamente comparaciones con el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, una referencia que no es accidental: el proyecto costarricense recibió asistencia y diseños basados en la experiencia salvadoreña.
Una cárcel con capacidad para 5,100 personas
El CACCO está ubicado en San Rafael de Alajuela, junto al complejo penitenciario conocido como La Reforma. Su capacidad total es de 5,100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos.
Cada módulo dispone de 17 celdas y cada una puede albergar hasta 60 internos. El complejo cuenta además con vigilancia permanente, puestos estratégicos de control y presencia constante de la Policía Penitenciaria.
La instalación fue inaugurada en octubre de 2026 por la presidenta Laura Fernández como parte de una política que busca endurecer la respuesta del Estado frente al narcotráfico y otras organizaciones criminales.
Los primeros 123 internos marcan el inicio de las operaciones
El primer traslado se realizó el 26 de octubre. Entre las personas ingresadas figuraban tres sospechosos vinculados a la muerte de un agente de la Fuerza Pública, además de otros privados de libertad seleccionados bajo criterios establecidos por las autoridades penitenciarias.
El ingreso incluyó medidas visibles de control. Los internos fueron rapados y recibieron el uniforme establecido para el nuevo establecimiento penitenciario.
El Ministerio de Justicia explicó que el corte de cabello responde, entre otros factores, a razones de higiene y a la intención de reducir posibilidades de ocultar objetos o sustancias prohibidas.
El modelo salvadoreño influyó directamente en el proyecto
La comparación con el sistema desarrollado por Nayib Bukele tiene un fundamento concreto. El Gobierno salvadoreño colaboró con Costa Rica y facilitó diseños utilizados como referencia para desarrollar la nueva instalación.
El proyecto tomó como punto de comparación al CECOT, la megacárcel construida por El Salvador dentro de su estrategia contra las pandillas. Antes de la apertura del CACCO, autoridades costarricenses mantuvieron acercamientos con el Gobierno salvadoreño para conocer su experiencia penitenciaria.
La presidenta Fernández también ha defendido públicamente políticas de mayor firmeza contra el crimen organizado, aunque Costa Rica enfrenta una realidad criminal diferente: su principal desafío está relacionado con narcotráfico, sicariato y organizaciones que disputan rutas y mercados de drogas.
No todos los criminales de mayor perfil serán enviados al CACCO
Pese a que el centro fue presentado como una instalación de alta contención, el Ministerio de Justicia decidió mantener fuera del CACCO a algunos de los reclusos considerados de mayor capacidad criminal y económica.
Las autoridades explicaron que determinados cabecillas poseen suficiente influencia, capacidad de reclutamiento y recursos para intentar organizar nuevas estructuras si comparten espacios con decenas de internos.
Esos casos continuarán en áreas de máxima seguridad con celdas individuales dentro del sistema penitenciario tradicional, donde pueden permanecer bajo un aislamiento mayor.
Costa Rica endurece su política frente al crecimiento de la violencia
La apertura de la nueva cárcel ocurre después de varios años en los que Costa Rica ha enfrentado un deterioro de sus indicadores de seguridad, impulsado principalmente por disputas asociadas al narcotráfico.
El país, históricamente considerado uno de los más estables de Centroamérica, alcanzó un récord de homicidios en 2023 y desde entonces las autoridades han colocado la lucha contra las organizaciones criminales entre sus principales prioridades.
El CACCO forma parte de esa respuesta, junto con investigaciones policiales, extradiciones, cooperación internacional y operaciones dirigidas contra estructuras de narcotráfico.
El modelo también genera cuestionamientos
La apertura del establecimiento no ha estado libre de críticas. Especialistas y organismos vinculados a la protección de derechos humanos han pedido claridad sobre los criterios utilizados para decidir quién debe ser trasladado y cuáles serán las condiciones permanentes dentro de la instalación.
También existe debate sobre hasta qué punto una política desarrollada en El Salvador para combatir pandillas puede trasladarse a Costa Rica, donde la estructura del crimen organizado y las características de la violencia son diferentes.
Las autoridades costarricenses sostienen que el objetivo no es reproducir automáticamente el sistema salvadoreño, sino adaptar mecanismos de alta seguridad a las necesidades del país.
Por qué importa
El traslado de los primeros 123 reclusos representa algo más que la apertura de una nueva cárcel. Costa Rica está modificando su enfoque penitenciario frente al crecimiento del crimen organizado y adoptando elementos de una política de seguridad que ha tenido un fuerte impacto regional. El desafío será determinar si el CACCO logra impedir que las organizaciones criminales operen desde prisión sin convertir la dureza penitenciaria en un sustituto de las investigaciones, los procesos judiciales y las garantías individuales.
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