Nayib Bukele volvió a presentar la ofensiva contra las pandillas como uno de los principales resultados de su administración y aseguró que las operaciones desplegadas para recuperar territorios controlados durante años por estructuras criminales se realizaron sin provocar “ni una baja civil”.
La afirmación forma parte de la defensa que el mandatario salvadoreño mantiene sobre un modelo de seguridad que transformó drásticamente las condiciones del país, pero que también continúa rodeado de cuestionamientos por las consecuencias del régimen de excepción.
“Ni una baja civil”.
Bukele presenta la reducción de la violencia como prueba de su estrategia
El Gobierno salvadoreño atribuye a sus políticas de seguridad una disminución significativa de los homicidios y una pérdida de capacidad territorial de las pandillas que durante años condicionaron la vida cotidiana en numerosas comunidades.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y dio paso a decenas de miles de detenciones relacionadas con estructuras criminales.
Para Bukele, los resultados obtenidos demuestran que era posible enfrentar directamente a las pandillas y recuperar zonas que anteriormente se encontraban bajo su influencia.
La afirmación sobre las bajas civiles necesita una precisión
Cuando Bukele sostiene que no existieron bajas civiles durante la ofensiva, se trata de una declaración del propio presidente sobre el desarrollo de las operaciones contra las pandillas. Esa afirmación no elimina otras denuncias documentadas alrededor del régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos han reportado detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. También han documentado centenares de muertes de personas bajo custodia estatal desde el inicio de la política de encarcelamiento masivo.
Por tanto, resulta necesario diferenciar las bajas civiles que Bukele asegura que no ocurrieron durante enfrentamientos u operaciones armadas de las muertes y abusos denunciados posteriormente dentro del sistema de detención.
Más de 90 mil personas han sido detenidas
La estrategia salvadoreña ha llevado a prisión a más de 90,000 personas desde el inicio del régimen de excepción, convirtiendo el encarcelamiento masivo en una de las características centrales del modelo de seguridad.
Las autoridades defienden estas detenciones como necesarias para desmontar las estructuras de las pandillas. Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen, sin embargo, que entre los arrestados también existen personas sin vínculos demostrados con esos grupos.
Ese contraste se encuentra en el centro de la discusión internacional sobre el modelo: por un lado, una reducción marcada de la violencia; por otro, cuestionamientos sobre las garantías utilizadas para conseguirla.
El Salvador pasó de vivir bajo el dominio de las pandillas a otro debate
Durante años, extorsiones, homicidios, amenazas y restricciones territoriales formaron parte de la realidad de comunidades salvadoreñas donde las pandillas ejercían una influencia profunda.
La reducción de esa presencia cambió también la conversación pública. La discusión ya no se concentra únicamente en cómo combatir a las estructuras criminales, sino en qué límites debe respetar un Estado cuando utiliza medidas extraordinarias para garantizar seguridad.
El modelo Bukele continúa generando interés fuera de El Salvador
La transformación de los indicadores de seguridad ha convertido a Bukele en una referencia frecuente dentro de debates de otros países latinoamericanos afectados por delincuencia organizada, pandillas y pérdida de control territorial.
Sin embargo, las condiciones políticas, judiciales y criminales varían entre países. Los resultados obtenidos en El Salvador no significan que las mismas herramientas puedan aplicarse automáticamente en otros territorios ni que sus consecuencias sean idénticas.
Seguridad y derechos siguen siendo las dos caras del debate
La posición del presidente salvadoreño es que recuperar la tranquilidad de millones de ciudadanos justificó una estrategia extraordinaria frente a organizaciones que durante décadas sembraron violencia.
Sus críticos responden que combatir estructuras criminales no debe significar abandonar garantías fundamentales ni permitir que personas inocentes sean detenidas sin mecanismos adecuados para defenderse.
Ambas dimensiones forman parte del balance necesario para evaluar el alcance real de una política que ha cambiado profundamente a El Salvador.
Por qué importa
La afirmación de Nayib Bukele sobre una ofensiva sin bajas civiles resume la narrativa con la que su Gobierno defiende el modelo de seguridad salvadoreño: recuperar territorio y reducir la violencia sin una guerra convencional contra la población. Sin embargo, evaluar esa experiencia exige incluir también las denuncias de abusos y las muertes registradas bajo custodia estatal. El caso de El Salvador demuestra que el debate ya no consiste únicamente en si es posible derrotar a las pandillas, sino en qué costo institucional y humano está dispuesto a asumir un país para conseguirlo.
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