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Colmaderos protestan en la Plaza de la Bandera contra la facturación electrónica obligatoria

Decenas de colmaderos y pequeños comerciantes se concentraron en la Plaza de la Bandera para rechazar la implementación obligatoria de la facturación electrónica, alegando mayores costos y dificultades operativas. La DGII mantiene el plazo vencido, pero informó que por ahora no aplicará multas ni bloqueos.

Colmaderos y pequeños comerciantes participan en una protesta en la Plaza de la Bandera contra la facturación electrónica obligatoria.

Decenas de colmaderos y pequeños comerciantes se movilizaron este lunes en la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, para expresar su rechazo a la implementación obligatoria de la facturación electrónica y reclamar que el proceso tome en cuenta las condiciones particulares de los pequeños negocios.

Los manifestantes sostienen que la transición al nuevo sistema puede representar una carga adicional para establecimientos que operan con estructuras reducidas y márgenes limitados.

Los comerciantes cuestionan los costos de adaptación

Entre las principales preocupaciones expresadas durante la protesta figuran los gastos relacionados con equipos tecnológicos, conexión a internet, sistemas de facturación y servicios contables.

Los participantes portaron pancartas con mensajes como “¡No más impuestos!” y reclamaron que las autoridades evalúen el impacto que el proceso puede tener sobre colmados y otros pequeños comercios.

El presidente de la Unión Nacional de Colmaderos Dominicanos, Alex Sánchez Minyety, ha sostenido que muchos negocios de barrio no cuentan actualmente con la infraestructura necesaria para asumir una transición tecnológica de este tipo sin apoyo adicional.

El plazo del 15 de noviembre ya venció

La protesta ocurre inmediatamente después del vencimiento de la prórroga concedida a los contribuyentes clasificados como pequeños, micro y no clasificados para incorporarse al sistema de facturación electrónica.

La fecha límite establecida fue el 15 de noviembre de 2026. La Dirección General de Impuestos Internos ha explicado que el marco reglamentario vigente no permite conceder una nueva prórroga general, debido a que la extensión contemplada solo podía otorgarse una vez.

La DGII no aplicará sanciones de inmediato

Aunque el plazo ya concluyó, la DGII informó que, por el momento, no aplicará multas, penalidades ni bloqueos a quienes todavía no hayan completado su incorporación.

La institución indicó que continuará ofreciendo orientación y acompañamiento a los contribuyentes que enfrenten dificultades tecnológicas u operativas durante la transición.

Al cierre del 15 de noviembre, la DGII reportó 162,708 contribuyentes incorporados al sistema, incluidos 3,956 que completaron el proceso durante esa misma jornada.

La obligación continúa vigente

La decisión de no aplicar sanciones inmediatamente no elimina la obligación de avanzar hacia la facturación electrónica.

La DGII ha insistido en que los contribuyentes pendientes deben continuar su proceso de incorporación utilizando los canales de asistencia disponibles.

También mantiene un facturador gratuito como alternativa para quienes necesiten una herramienta básica para cumplir con el nuevo esquema.

Los colmaderos piden un tratamiento acorde con su realidad

El reclamo de los manifestantes no se limita al rechazo de la tecnología. Los comerciantes argumentan que la forma de operar de un colmado de barrio es diferente a la de empresas con estructuras administrativas más amplias y entienden que esa realidad debería considerarse dentro de la implementación.

La Federación Dominicana de Comerciantes también ha solicitado mayor orientación y facilidades para que micro y pequeños empresarios puedan adaptarse sin comprometer la continuidad de sus operaciones.

Por qué importa

La facturación electrónica representa uno de los cambios más importantes en la relación tributaria de miles de pequeños negocios dominicanos. La protesta muestra que el reto no es únicamente establecer una obligación legal, sino lograr que comerciantes con diferentes niveles de recursos y capacidad tecnológica puedan cumplirla. La decisión de la DGII de priorizar el acompañamiento antes que las sanciones abre un margen para completar la transición, pero no elimina el debate sobre los costos y las dificultades que enfrentan los pequeños establecimientos.

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