SANTO DOMINGO. — La Operación Rompeolas comenzó investigando una presunta estructura de narcotráfico internacional y lavado de activos, pero el contenido atribuido al expediente también ha llevado nombres del entretenimiento dominicano al centro de la conversación pública.
Uno de ellos es el de Vera Carolina Brito Roys, conocida como Caro Brito, cuyo nombre aparece relacionado con pagos que, según publicaciones basadas en documentos del proceso, habría realizado Fausto Candelario Ortiz, alias “Pacha”.
La aparición de la comunicadora dentro de esas informaciones requiere una distinción fundamental: ser mencionada en documentación vinculada a una investigación no significa estar imputada ni formar parte de la presunta estructura criminal.
El pago de RD$3 millones que llama la atención
Distintos medios que aseguran haber tenido acceso a la documentación judicial reportan que Candelario Ortiz habría entregado RD$3 millones con el propósito de compartir una cena con Brito.
Las mismas informaciones señalan que la presentadora habría sido contratada como maestra de ceremonias para actividades relacionadas con el restaurante GAL y que también habría recibido pagos de aproximadamente RD$280,000 por participaciones en eventos públicos y privados.
Esas cifras forman parte de lo que se atribuye al expediente y no representan, por sí mismas, una declaración de ilegalidad sobre los servicios prestados por Brito.
Caro Brito no está entre los 22 imputados
La lista de personas contra las que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en la Operación Rompeolas incluye a 22 acusados, encabezados por Fausto Candelario Ortiz y Yovani Candelario Ortiz.
Caro Brito no aparece entre esos 22 nombres. Tampoco existe, hasta el momento, información oficial que indique que el Ministerio Público haya solicitado una medida de coerción contra la comunicadora por este caso.
Esta diferencia resulta especialmente importante debido a la rapidez con la que una mención dentro de un expediente puede convertirse en redes sociales en una acusación que jurídicamente no existe.
¿Por qué aparecen esos pagos dentro de la investigación?
El centro de la Operación Rompeolas es determinar cómo funcionaba una presunta organización que, según los investigadores, movilizaba drogas y posteriormente integraba recursos de origen ilícito al sistema económico formal.
El Ministerio Público atribuye a Fausto Candelario Ortiz el control o utilización de diferentes negocios y actividades económicas para mover recursos y dar apariencia de legalidad a parte del dinero investigado.
Dentro de ese proceso, los fiscales examinan transacciones, bienes, empresas, pagos y relaciones comerciales del principal imputado para determinar qué movimientos tienen relevancia penal.
Que un tercero aparezca como receptor de un pago no implica automáticamente que conociera el supuesto origen ilícito de esos recursos ni que participara de la estructura investigada.
Una investigación de gran alcance
La Operación Rompeolas fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Las autoridades sostienen que la presunta red coordinaba cargamentos desde Colombia hacia República Dominicana y posteriormente hacia Puerto Rico, Estados Unidos y otros destinos internacionales.
Durante el operativo se realizaron decenas de allanamientos y fueron ocupados bienes valorados en más de RD$3,100 millones, mientras los investigadores continúan reconstruyendo la estructura financiera y logística que habría sostenido las operaciones.
Una mención no equivale a responsabilidad penal
En el caso específico de Caro Brito, hasta ahora lo conocido públicamente gira alrededor de pagos y servicios profesionales atribuidos a su relación con negocios vinculados a Candelario Ortiz.
No existe información pública que permita afirmar que la comunicadora conociera actividades ilícitas, participara en operaciones de narcotráfico o lavado de activos o tuviera responsabilidad penal dentro del expediente.
Por esa razón, cualquier referencia a Brito debe mantenerse dentro de los límites de lo documentado: su nombre aparece mencionado en informaciones vinculadas al caso, pero no figura entre los imputados cuya prisión preventiva fue solicitada por el Ministerio Público.
La investigación continúa abierta y corresponderá a las autoridades determinar qué transacciones tienen relevancia penal y cuáles corresponden únicamente a relaciones comerciales o profesionales.
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