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Bukele rechaza la idea de que el crimen sea imposible de derrotar y defiende su modelo de seguridad en El Salvador

Nayib Bukele volvió a defender la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador y rechazó la idea de que un país deba resignarse a convivir permanentemente con altos niveles de criminalidad. Su Gobierno exhibe una fuerte reducción de homicidios, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen cuestionamientos sobre detenciones masivas y garantías judiciales.

Nayib Bukele aparece hablando ante un micrófono durante una intervención pública sobre seguridad y combate a la criminalidad.

Nayib Bukele volvió a desafiar una idea que durante años pareció instalarse como inevitable en algunos países de América Latina: que la criminalidad puede reducirse, pero nunca dejar de dominar determinadas comunidades. El presidente salvadoreño sostiene que aceptar esa premisa equivale a normalizar un problema que, a su juicio, puede enfrentarse con una estrategia mucho más agresiva y sostenida desde el Estado.

Su respuesta parte de la transformación que el Gobierno presenta como principal carta de resultados. El Salvador pasó de registrar niveles de homicidios entre los más altos del continente a reportar tasas históricamente bajas durante la administración de Bukele.

El argumento de Bukele está construido sobre los resultados de seguridad

Las cifras oficiales muestran una caída profunda de los homicidios durante los últimos años. El Gobierno salvadoreño atribuye ese descenso al Plan Control Territorial y, especialmente, al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, bajo el cual decenas de miles de personas han sido detenidas por presuntos vínculos con pandillas.

La reducción de la violencia homicida es uno de los elementos centrales utilizados por Bukele para responder a quienes consideran imposible transformar de manera drástica la seguridad de un país. Su planteamiento es que los niveles de criminalidad no deben asumirse como una condición permanente cuando el Estado dispone de capacidad policial, militar y penitenciaria para intervenir.

Ese modelo también ha convertido a El Salvador en referencia para gobiernos y dirigentes de otros países que enfrentan problemas de homicidios, extorsión y crimen organizado. Algunas autoridades extranjeras han mostrado interés en replicar elementos de la estrategia salvadoreña, especialmente en materia penitenciaria y combate a estructuras criminales.

El costo del modelo sigue siendo parte del debate

La discusión, sin embargo, no termina en la reducción de homicidios. Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han cuestionado el uso prolongado del régimen de excepción, las detenciones masivas y las condiciones bajo las cuales miles de personas han permanecido privadas de libertad.

Esos señalamientos incluyen denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones al derecho de defensa y muertes bajo custodia. El Gobierno salvadoreño ha defendido su política y sostiene que las medidas adoptadas fueron necesarias para desmontar el poder territorial que durante años ejercieron estructuras como la MS-13 y Barrio 18.

La tensión entre ambas posiciones explica por qué el modelo Bukele genera simultáneamente respaldo y controversia. Para sus defensores, el resultado principal es que comunidades que vivían bajo control de pandillas recuperaron espacios públicos y niveles de seguridad. Para sus críticos, el interrogante es hasta dónde puede llegar el Estado sin debilitar garantías fundamentales.

¿Acabar con el crimen significa llevarlo a cero?

La respuesta de Bukele también abre una discusión sobre el significado de “acabar” con la criminalidad. Ningún país puede garantizar que nunca volverá a producirse un homicidio, robo, extorsión u otro delito. El planteamiento presidencial se entiende mejor como la posibilidad de reducir la capacidad de las organizaciones criminales hasta dejar de controlar territorios y condicionar la vida cotidiana de la población.

Desde esa perspectiva, el debate no gira únicamente alrededor de una estadística perfecta, sino sobre cuánto poder mantiene el crimen organizado frente al Estado y cuánto riesgo enfrenta una persona en su vida diaria.

Por qué importa

El caso salvadoreño se ha convertido en uno de los experimentos de seguridad más observados de América Latina porque reúne dos resultados difíciles de separar: una caída extraordinaria de los homicidios y un modelo de excepción que ha generado fuertes cuestionamientos sobre derechos y debido proceso. La respuesta de Nayib Bukele a sus críticos vuelve a colocar esa contradicción en el centro del debate: hasta dónde puede llegar un Estado para transformar la seguridad de un país y qué límites debe mantener mientras lo hace.

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