Ciudad de Guatemala.- El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala vive una pugna interna derivado de la suspensión legal de cuatro de sus magistrados titulares y el duelo de los suplentes con la coetáneo presidenta de la entidad, Blanca Alfaro, a la que desconocen en el cargo.
En un comunicado divulgado este viernes, los cinco magistrados suplentes de la máxima autoridad electoral de Guatemala declararon que «no» identifican a Alfaro como presidenta del tribunal, ya que, en su opinión, la magistrada titular se nombró «ella misma» en el cargo por un nuevo período de un año.
De tratado a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, Alfaro, quien ostentaba el cargo, debió «entregarlo» al pleno de la entidad el 6 de enero pasado en puesto de mantenerse en el lugar.
Los magistrados suplentes y Alfaro intercambiaron palabras públicamente este viernes en momento una asamblea del Tribunal Supremo Electoral que finalmente no se llevó a cabo delante la negativa de los miembros del tribunal que no identifican la presidencia de Alfaro.
El Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, máxima autoridad en temas relacionados a las votaciones, está compuesto por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, como establece la reglamento del país centroamericano.
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Los otros cuatro magistrados titulares con imposibilidad legal por el momento para ejercer su cargo son Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Mynor Custodio y Ranulfo Rojas.
Los casos judiciales en contra de Aguilera, Palencia, Custodio y Ranulfo empezaron por parte del Ministerio Público (Fiscalía) luego de la triunfo de Bernardo Arévalo de León en las votaciones de 2023. La cúpula de la Fiscalía permanece sancionada por EE.UU y la Alianza Europea bajo señalamientos de malversacion y de e intentar evitar el victoria de Arévalo de León.
Los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, quienes desconocieron a Alfaro, son Pablo Leal, Noé Ventura, Marco Cornejo, Álvaro Cordón y Marco Barahona.
Las próximas votaciones generales en Guatemala tendrán puesto en 2027, para dar posesión a nuevas autoridades de cara al período 2028-2032.
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