La directora del ente anticorrupción aseguró que la permanencia de Castro como presidenta de Honduras «no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, sino que también perturba la paz y la seguridad de la población».
Tegucigalpa.- La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en Honduras, Gabriela Castellanos, exigió este miércoles la renuncia de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, luego de la divulgación de un video de una reunión celebrada en 2013 entre su cuñado, Carlos Zelaya, y narcotraficantes, en la que se discutían aportaciones para la campaña del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Castellano difundió en sus redes sociales una carta en la que pide formalmente la «renuncia» de Castro como presidenta del país centroamericano.
Te podría interesar: Honduras y China firman 4 acuerdos por 11 millones de dólares en encuentro de empresarios
«Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha asignado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsado por el crimen organizado«, indicó Castellanos en su carta.
«Lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y de los principios éticos que deben regir el desempeño de cualquier servidor público», agrega el documento.
Sobresalió que «desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados, como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones, no hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un narcoestado, con líderes que han llegado al poder usando el dinero del crimen organizado y han sido beneficiados por quienes gestionan la justicia actualmente».
Continuidad de Castro amenaza la paz
La directora del ente anticorrupción aseguró que la permanencia de Castro como presidenta de Honduras «no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, sino que también perturba la paz y la seguridad de la población».
Por ello, añadió, «su renuncia es un deber para restaurar la integridad y la moral política en el servicio público de Honduras».
Según dice un informe y video de la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas), divulgado el martes por la prensa local hondureña, Carlos Zelaya, cuñado de Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, se convocó en noviembre de 2013 con narcotraficantes que le ofrecieron regalar más de 500.000 dólares para la campaña del partido Libre.
Carlos Zelaya reconoció el pasado sábado que se convocó con narcotraficantes que le ofrecieron aportaciones para la campaña del Partido Libre, aunque negó haber recibido dinero, y notificó su renuncia como secretario y diputado del Parlamento hondureño.
Acerca de el video de la reunión en 2013, la mandataria hondureña expresó la noche del martes que «condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos».
Castro se quejó tambien la existencia de un plan destinado a «destruir» su Gobierno y «asestar un nuevo golpe de Estado» en el país.
«El plan para destruir mi Gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral, está en marcha, las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe repeler», enfatizó la mandataria.
Castro indicó tambien que no permitirá que «se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con Estados Unidos. para desarticular a las Fuerzas Armadas, derrocar mi Gobierno y destruir las elecciones» que el país celebrará en 2025.
La presidenta hondureña dio «por terminado» el pasado miércoles el tratado de extradición con Estados Unidos. en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reunión reciente de autoridades de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
El Gobierno hondureño reveló en la cadena de radio y televisión un listado de políticos que tienen efectos judiciales por narcotráfico en EE.UU, la mayoría de ellos del Partido Nacional, la 1ra fuerza de oposición.
