NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – El movimiento cívico Participación Ciudadana, solicitó este lunes al presidente Luis Abinader que suspenda toda propaganda que pudiera violar las normas acerca de publicidad oficial y acerca de el régimen electoral.
En un comunicado, esta organización indica que «ha observado que el Gobierno sostiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24 del propio presidente Luis Abinader, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respLuis ecto (Art. 206-211)».
Participación Ciudadana apela a «la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales» y solicita también la intervención de la Junta Central Electoral, facultada para «tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública».
«El país no puede admitir ningún argumento para el mantenimiento de propaganda gubernamental que esté destinada a entregar las gracias por cumplir con funciones oficiales y dirigida a obtener votos. Participación Ciudadana seguirá, mientras todo el proceso electoral quejándose estas prácticas e invitamos a la ciudadanía a proporcionar información a través de nuestra plataforma ‘Atento con tu Voto’», agrega el movimiento en su nota.
Al respecto, esta organización pone como ejemplo que, bajo la denominación de ‘Chequéame tu’, el Gobierno está pagando páginas de periódicos con una serie de informaciones de ‘logros gubernamentales’ que, en su opinión, son propaganda electoral en este año de comicios municipales, legislativos y presidenciales.
También expresa de anuncios acerca de el crecimiento de las exportaciones y las zonas francas, del apoyo del Ejecutivo a la producción alimentaria o el plan ‘Más Salud y Esperanza de Vida’, «donde se atribuye el mérito de ‘aumentir la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus’».
La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, «prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales».
El Decreto 1-24 prohíbe «incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos», así como «usar publicidad que tenga como objeto o causa los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas frente a el Congreso Nacional».
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