Santo Domingo.- Los servidores públicos que participen en licitaciones del Estado podrían enfrentar entre 2 y cinco años de prisión y una multa de hasta 50 salarios mínimos.
Así lo ha anunciado el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien comunicó que esto está contenido en las medidas del nuevo proyecto de decreto de Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Pimentel agregó que dentro del documento ratificado en el Senado de la República y que actualmente está en la Cámara de Diputados, también establece penas de uno a tres años por manifestaciones juradas falsas para registrarse como proveedores del Estado o colaborar de alguna contratación.
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