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    Se aplaza la condena acerca de un caso relacionado con una ambientalista hondureña asesinada

    Se aplaza la sentencia sobre un caso relacionado con una ambientalista hondureña asesinada
    Se aplaza la condena acerca de un caso relacionado con una ambientalista hondureña asesinada

    Tegucigalpa.- Un tribunal de Honduras reprogramó para el 2 de agosto la lectura de la condena contra 3 personas por irregularidades en la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.

    “La audiencia fue reprogramada para el 2 de agosto en virtud de que no se muestró la mayoría de los defensores de los imputados”, expresó este viernes a la portavoz del Tribunal de Condena en Materia de Corrupción, Bárbara Castillo.

    Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fundó Cáceres, se concentraron hoy frente a el Juzgado de Condena en Tegucigalpa, donde se iba a desarrollar la audiencia de individualización de pena contra 3 de los 6 acusados.

    Por este caso, denominado ‘Fraude acerca de el Gualcarque’, el tribunal hondureño manifestó el pasado 3 de mayo culpables a Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo, por fraude, y a Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.

    Roberto David fue sentenciado en 2022 a 22 años y 6 meses de prisión por la Perdida de vida de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando el inculpado era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

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    La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

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    3 de los 6 acusados, entre ellos el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, fueron absueltos de todos los cargos.

    Las constantes denuncias presentadas por Cáceres permitieron “develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena lenca”, según dice el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras.

    El caso fue investigado por la otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA). 


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