Aunque no está plateada en la propuesta que envió al Congreso el Poder Ejecutivo, las amenazas y presiones empresariales para que se elimine la cesantía, resurgen a lo interno de la Comisión Especial que estudia la modificación al Código Laboral, y merodean a otros sectores de poder gubernamental.
El tema resurge luego que la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), manifestara este jueves, nueva vez, en que se debe establecer un tope económico a la cesantía o desahucio laboral en el marco de la modificación al Código de Trabajo.
Esta posición llego a ser reiterada desde un desayuno entre los representantes de Codopyme y el Ministerio de Trabajo, Eddy Olivares, quien prefirió evadir el tema, para socializar la propuesta de modificación laboral que cursa en el Congreso.
La comisión, presidida por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael (Cholitìn) Barón Duluc, sin aparentes motivos ha retrasado la presentación del informe que debe rendir sobre el tema al Senado de la República, lo que los sindicalistas atribuyen a aprestos y acuerdos luego de bastidores con los empresarios para incluir una propuesta de eliminar este beneficio a los trabajadores.
Abreu ha sido enérgico en sus advertencias, y ha amenazado incluso con un paro general nacional si el Senado buscara eliminar la cesantía.
El propio Abreu ha reconocido que la mayoría de senadores de la comisión apoyan el proyecto sin la inclusión de la cesantía, salvo algún u otro senador que no ha expresado posición sobre el tema o se sostiene neutro.
No obstante, el sector sindical no baja la guardia y continúa haciendo advertencias, basadas en informaciones que manejan.
Propuestas
En marzo, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se reunió con la comisión del Senado que estudia la modificación laboral, y le propuso un Fondo General de Auxilio de Cesantía, el cual sustituiría este beneficio y que sostiene trancada la modificación.
Este fondo utilizaría capital del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril). El plan iniciaría con unos 5,000 millones de pesos de un total de 15,000 millones que tiene la entidad en sus reservas.
Durante la perspectiva de Ulloa, este fondo proporcionaría un equilibrio entre el Mando, empleados y patrones, debido a que les garantizaría liquidez a las micros y medianas empresas a la vez que otorgaría la cesantía al empleado.
Los empresarios a su vez, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), propusieron sostener la cesantía como un derecho, pero con un doble tope aplicable: un límite de seis años de caducidad y un máximo de diez salarios, entre otras opciones.
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