Santo Domingo.- La Unidad de Reinserción de Repatriados del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), que dirige la magistrada Danissa Cruz Taveras, informó que, de 2015 a la fecha, ha brindado presencia a 20,115 personas que fueron deportados a la RD por cometer diferentes violaciones a las leyes de los países hacia los que emigraron.
Entre las labores con miras a la reincorporación digna a la sociedad que ha ejecutado esta unidad de la Procuraduría General de la República permanecen la facilitación para la obtención de actas de nacimiento, gestión de cédulas de identidad y electoral, licencias de conducir, pasaportes, presencia psicológica, certificación de no referencias penales, retiro de fichas, información sobre entrada al crédito, presencia para financiamientos o promipymes, cartas de devolución de fianzas y presencia legal por violaciones a sus derechos fundamentales.
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La magistrada Cruz Taveras enfatizó que existe un protocolo de recepción de repatriados en el que las autoridades dominicanas conocen previamente quiénes van a ser retornados, por lo que antiguamente de que lleguen al país se comunican con sus familiares para convocarlos para el recibimiento.
Asimismo, agregó que, una vez en el país, los retornados son trasladados al Centro Vacacional de Haina, localizado en la provincia de San Cristóbal, en el que se socializa con ellos el proceso a seguir y su estado legal, por otra parte de proporcionarles presencia inmediata, entre la que se incluye nutriente y entrada a aseos y otras necesidades.
Cruz Taveras explicó que al llegar al país los repatriados no tienen ni se les crean referencias penales; sin embargo, todos son consultados en el Sistema de Indagación Criminal (SIC) para detectar quienes tienen casos pendientes o activos con la justicia dominicana, y, de ser necesario, estos son entregados a las fiscalías en las diferentes jurisdicciones del país.
Estadísticas de los últimos 10 años
El informe muestra que en 2024 la Unidad de Reinserción de Repatriados otorgó a las distintas fiscalías del país a 33 personas repatriadas que tenían órdenes de apresamiento activas; mientras que, en 2023, se entregaron otras 14 personas.
La directora de la unidad importantizó que desde este periodo se dignificó la ruta procesal tomando solo los datos biométricos de los repatriados, sin levantarles fichas de referencias penales, al tiempo que se les anuncia sobre su estado legal y sus derechos, así como los servicios de reinserción que están disponibles.
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