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    Opositores nicaragüenses exigen justicia por las víctimas de la «operación limpieza»

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    Opositores nicaragüenses exigen justicia por las víctimas de la «operación limpieza»

    San José .- Organismos humanitarios, opositores y familiares de muertos en el marco de las protestas que estallaron hace 6 años contra el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua demandaron este lunes justicia por las víctimas que dejó la denominada ‘Operación Limpieza» en el departamento (provincia) de Carazo, en el Pacífico.

    En una declaración, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señaló que el 8 de julio de 2018 al menos 2.000 integrantes de «grupos paramilitares» que actuaban con la aquiescencia de la PN atacaron por más de 12 horas los municipios de Diriamba, Dolores y Jinotepe, de la provincia de Carazo, causando al menos 20 fallecidos y 30 detenidos «quienes fueron cruelmente torturados».

    «La ‘Operación Limpieza’ demuestra la inhumanidad, irrespeto a la vida y grave violación de derechos humanos de la dictadura de Nicaragua, que prefirió atacar y matar al pueblo nicaragüense usando todos los medios y recursos posibles», indicó ese colectivo, integrado por activistas nicaragüense exiliados y con sede en Costa Rica.

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    «Este sexto aniversario de crímenes perpetrados contra el pueblo nicaragüense, el Colectivo Nicaragua Nunca Más queja a Daniel Ortega y Rosario Murillo (presidente y vicepresidenta del país), al jefe de la PN, 1er comisionado Francisco Díaz, y múltiples actores estatales como los principales implicados en esta mortal represión», culpó ese organismo, que demandó justicia para todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos.

    La versión de familiares y opositores

    Por su lado, la Asociación Madres de Abril recordó que el 8 de julio de 2018, «la mal llamada ‘Operación Limpieza’ en Carazo» comenzó cuando «grupos paramilitares entraron a la ciudad (de Jinotepe) unido con efectivos de la Policía por los 4 puntos cardinales del municipio».

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    De acuerdo al testimonio de los vecinos de Jinotepe, «durante se ejecutaba el ataque» contra los opositores que tenían bloqueadas las vías en protesta, «fueron suspendidos los servicios de internet, comunicación telefónica, luz y agua en toda la ciudad», agregó esa Asociación.

    El abogado, excarcelado y desnacionalizado Roger Reyes, originario de Carazo, expresó en un mensaje que hace 6 años la provincia de Carazo «era defendida por jóvenes valientes ambiciosos a un futuro rodeado de oportunidades y libertad», que fueron víctimas de «esta ejecución sangrienta que fue denominada por los mismos perpetuadores como ‘Operación Limpieza’, la que cobró la vida de mas de 20 personas, en su mayoría jóvenes».

    «Tristemente, de manera involuntaria, quitamos nuestra atención a estas víctimas que hoy claman por justicia», reflexionó Reyes.

    Por su lado, el dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga expresó en X que «las cicatrices de la ‘Operación Limpieza’ son profundas, pero no borran la fuerza y el espíritu de un pueblo que resiste y exige justicia».

    «Nos comprometemos a seguir incansablemente en la búsqueda de justicia y a respaldar a las familias de las víctimas, así como a las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que han iniciado procesos legales en jurisdicciones internacionales», comentó Maradiaga, que fue excarcelado y expulsado a EE.UU, donde reside.

    Autoridades y Policía celebran «liberación» de provincia

    A su vez, las autoridades de la provincia de Carazo, bajo el control de los sandinistas, y la PN conmemoraron por su parte este lunes, con una caminata, el sexto aniversario «de la liberación de los tranques de la Defuncion» en esa zona de Nicaragua.

    También rindieron homenaje a 2 policías que murieron en el marco de ese operativo, quienes, de acuerdo al estatal Canal 6 de la televisión nicaragüense, Perdieron la vida «en la restauración de la paz» en la provincia de Carazo.

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    El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega luego de responder con la fuerza.

    Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 355 fallecidos, según dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales aumenten la cifra a 684, durante que Ortega identifica que fueron «más de 300».


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