La audiencia que debe definir si Delvinson de la Cruz Sosa permanecerá bajo una medida de coerción mientras avanza la investigación por un presunto plan contra el presidente Luis Abinader volvió a quedar pendiente. El tribunal fijó ahora el conocimiento del proceso para el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde.
El nuevo aplazamiento no estuvo relacionado con una decisión sobre el fondo de la acusación. La audiencia fue pospuesta después de que el abogado privado que representaba al imputado comunicara que no continuaría al frente de su defensa.
La Defensoría Pública asumirá la representación
Tras la renuncia del jurista, De la Cruz Sosa fue remitido a la Defensoría Pública para garantizar que cuente con asistencia legal cuando el tribunal vuelva a conocer la solicitud presentada por el Ministerio Público.
El cambio resulta relevante porque la medida de coerción todavía no ha sido decidida. El proceso permanece en una etapa preliminar y cualquier decisión que adopte el tribunal deberá limitarse a determinar bajo qué condiciones continuará el imputado vinculado al expediente mientras siguen las investigaciones.
El Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva
El órgano acusador ha informado que solicitará prisión preventiva contra De la Cruz Sosa. La calificación jurídica provisional presentada dentro del proceso contempla hechos que el Ministerio Público investiga como un presunto intento de terrorismo.
Esa calificación forma parte de la posición de la acusación y no equivale a una condena. Será responsabilidad de los fiscales sustentar sus argumentos y de la defensa responder a los elementos presentados ante el tribunal.
La investigación se centra en un supuesto plan contra el mandatario
De la Cruz Sosa, de 29 años, fue detenido en San Francisco de Macorís después de que organismos de inteligencia alertaran sobre actividades que las autoridades relacionaron con un supuesto plan contra el presidente de la República.
Durante los operativos fueron ocupados equipos electrónicos y sustancias químicas que permanecen bajo evaluación como posibles evidencias. El Ministerio Público también investiga comunicaciones digitales y la posible relación de otras personas con los hechos.
La existencia de esos elementos dentro de una investigación no permite establecer por sí sola culpabilidad. Su origen, contenido, utilidad y posible conexión con el expediente deberán ser demostrados dentro del proceso judicial.
El imputado ofrece una versión distinta
De la Cruz Sosa ha rechazado las acusaciones y aseguró públicamente que su intención era convocar una protesta ciudadana para el 6 de noviembre, fecha en que se conmemoró el Día de la Constitución.
Familiares y personas que se han concentrado frente al Palacio de Justicia también han reclamado su libertad y sostienen que debe garantizarse una investigación transparente.
Estas declaraciones forman parte de la posición del imputado y de quienes lo apoyan, mientras el Ministerio Público mantiene una interpretación diferente sobre los hechos investigados.
El viernes será clave, pero no resolverá todavía el caso
La audiencia prevista para el viernes deberá concentrarse en la medida de coerción. Incluso si el tribunal decide imponer prisión preventiva u otra medida, esa decisión no determinará automáticamente la culpabilidad o inocencia de De la Cruz Sosa.
El expediente deberá continuar su curso y las autoridades tendrán que establecer si existen pruebas suficientes para sostener las imputaciones atribuidas al joven y cualquier posible responsabilidad de otras personas mencionadas dentro de la investigación.
Por qué importa
Un proceso relacionado con una presunta amenaza contra el presidente de la República exige rigor tanto de las autoridades como de quienes informan sobre el caso. El nuevo aplazamiento garantiza que Delvinson de la Cruz Sosa pueda comparecer con representación legal, mientras el Ministerio Público tendrá que sustentar una acusación de especial gravedad. Diferenciar entre una investigación, una solicitud de coerción y una sentencia resulta fundamental para respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
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