En un giro importante que puede ser definir el futuro de Erik y Lyle Menéndez, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, manifestó que no apoya la solicitud de un nuevo juicio presentada por los hermanos en 2023. Según informó The Guardian, Hochman también cuestionó la validez de las evidencias que sustentan las acusaciones de demasía sexual contra su padre, José Menéndez, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la sentencia que los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996.
Los hermanos Menéndez, hoy de 53 y 56 años, fueron declarados culpables del asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989. En el juicio, la defensa alegó que los hermanos ultimaron a sus padres debido al temor que sentían por los años de demasía físico, psicológico y sexual del que fueron víctimas por parte de su padre. Sin embargo, la incriminación sostuvo que el verdadero proposito de los asesinatos llego a ser la codicia, ya que los Menéndez planeaban heredar la fortuna millonaria de la familia. A pesar de múltiples apelaciones, la condena de los hermanos continúa en pie.
Los hermanos, que fueron apresados en 1990 y juzgados en dos procesos separados debido a la falta de consenso en el primer juicio, han pasado más de tres décadas luego de las rejas mientras intentaban revertir su condena. A lo largo de los años, su caso ha sido objeto de múltiples descomposición jurídicos y mediáticos, provocando posturas divididas entre quienes los ven como víctimas de un entorno excesivo y quienes consideran que el asesinato de sus padres llego a ser un acto premeditado impulsado por el deseo de heredar su fortuna.
Hochman cuestiona las evidencias de demasía sexual
En una reciente rueda de prensa, Nathan Hochman manifestó dudas sustanciales sobre las acusaciones de demasía sexual que los hermanos Menéndez presentaron como proposito de los homicidios. The Guardian reportó que el fiscal de distrito señaló que las versiones iniciales de los hermanos no mencionaban el demasía como la razón para cometer el acto ilícito. “Llego a ser su cuarta versión de los hechos. No manifestaron durante el principio: ‘Matamos a nuestros padres porque nuestro padre nos abusó sexualmente’”, comentó Hochman. Adicionalmente, destacó que las evidencias relacionadas con el demasía sexual son “extremadamente limitadas” y no sostienen suficientemente las alegaciones presentadas.
La relevancia de las nuevas evidencias y la intervención de Gavin Newsom
A finales de 2023, surgieron elementos clave que reavivaron el caso de los Menéndez. Por un lado, una carta escrita por Erik Menéndez antiguamente de los asesinatos parecía respaldar sus acusaciones de demasía. Adicionalmente, un exintegrante de la banda Menudo testificó que también llego a ser víctima de demasía por parte de José Menéndez, lo que agregó una nueva dimensión al caso. Estos elementos llevaron a los hermanos a presentar una petición de habeas corpus, argumentando que su condena fue inconstitucional debido a la aparición de nuevas evidencias. Sin embargo, Hochman desestimó la relevancia de estas evidencias, calificándolas de insuficientes para justificar un nuevo juicio.
El gobernador de California, Gavin Newsom, posee la autoridad para conmutar la sentencia de los Menéndez. The Guardian reportó que Newsom decidió posponer cualquier decisión sobre clemencia hasta que Hochman revisara el caso. En noviembre de 2024, Newsom ha anunciado que esperaría el descomposición del nuevo fiscal antiguamente de tomar una determinación sobre el futuro de los hermanos.
Un ajuste de liderazgo que altera el rumbo del caso
El ajuste de liderazgo también ha retrasado el proceso judicial. En enero, el magistrado superior Michael Jesic postergo una audiencia clave hasta marzo debido a los incendios forestales en Los Ángeles. Esta demora ha permitido a Hochman revisar miles de páginas de registros penitenciarios y reunirse con familiares de los Menéndez para evaluar el aspecto de rehabilitación del caso.
La familia de los Menéndez y la opinión pública
La mayoría de los familiares de los Menéndez han expresado su apoyo a la liberación de los hermanos. Según The Guardian, varios miembros de la familia han argumentado que, con la mayor conciencia sobre el impacto del demasía sexual en la sociedad presente, los hermanos no habrían sido condenados por asesinato en primer grado ni sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Uno de los defensores más destacados es el abogado Bryan Freedman, quien representa a 24 miembros de la familia Menéndez. Freedman ha imputado a la oficina de Hochman de tener un enfrentamiento de interés en el caso, aunque un portavoz del fiscal rechazó estas acusaciones, calificándolas de “infundadas”.
El caso también ha capturado la atención del público debido a varias producciones mediáticas recientes. En 2024, el documental y la serie de Netflix, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, producida por Ryan Murphy, reavivaron el interés por la historia de los hermanos. Sin embargo, algunos familiares criticaron la serie, calificándola de “drama grotesco”. Incluso figuras públicas como Kim Kardashian se han pronunciado a favor de la liberación de los hermanos, argumentando que ya no son las mismas personas que fueron condenadas.
Un futuro incierto para los Menéndez
A medida que se acerca la audiencia de marzo, el destino de los hermanos Menéndez continúa siendo incierto. Aunque Hochman ha dejado claro que no apoya un nuevo juicio, aún no ha tomado una postura definitiva sobre la posibilidad de reconsiderar su sentencia, lo que puede ser hacerlos elegibles para libertad condicional. Hochman está evaluando cuidadosamente el historial de rehabilitación de los Menéndez luego de más de tres décadas en prisión.
El caso sigue provocando un debate público considerable. Para algunos, los hermanos han cumplido su condena y merecen una 2da oportunidad, mientras que otros consideran que los crímenes que cometieron son imperdonables, independientemente de las circunstancias que los rodearon. La decisión final sobre su futuro puede ser sentar un precedente importante en la forma en que el sistema judicial maneja casos de demasía familiar y violencia doméstica.
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