Santo Domingo DN,.– El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del DN, Amauri Martínez, fijó para el viernes 28 de junio el fallo acerca de el juicio preliminar que se continúa a los imputados de una supuesta red de corrupción que presuntamente lideraba el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
El Ministerio Público culpa a Rodríguez, así como a otras decenas de personas y varias empresas de formar una supuesta red que desfalcó al Estado dominicano por más de 10,000 millones de pesos, que fue desmantelada a través de la operación Medusa.
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El exprocurador fue apresado el 29 de junio de 2021 y días después el Juzgado de Atención Permanente del DN le impuso 18 meses de prisión, como medida de coerción para ser cumplida en la cárcel de Najayo.
El juez Martínez le varió la prisión preventiva en enero del año 2023 por apresamiento domiciliario, uso de grillete electrónico y el pago de una fianza de 50 millones de pesos a través de una aseguradora.
Más de 20 acusados de pertenecer a la supuesta red han llegado a acuerdos con el Ministerio Público a cambio de la devolución de sumas millonarias y de que el órgano persecutor modificar las peticiones de cárcel por las de prisión suspendida, entre otros puntos.
Antes de la decisión del juez, el exprocurador Rodríguez aseguró que «este proceso ha sido llevado, a partir antes de empezar, como el proceso más vengativo y violatorio a los derechos humanos y al debido proceso de nuestra era democrática».
Son más de 30 los incidentes planteados que anulan la acusación frente a las tantas violaciones que fueron evidenciadas y desmontadas con más de 1,000 pruebas a descargo, refirió.
También expresó que, en caso de que el juez llame a juicio, solicitará como testigos a descargo a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y al procurador adjunto, Rodolfo Espiñeira.
Según dice el Ministerio Público, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, diseñado por el Ministerio Público mientras la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, fue aprobado mediante una «nota manuscrita» firmada por el entonces presidente de la República Danilo Medina.
La acusación agrega que el plan de humanización de las cárceles se usó para extraer «importantes sumas de dinero» por medio de una «sofisticada, sin precedente y amenazante estructura de cobro de sobornos exigido a los contratistas, como requisito para estos ser elegidos como adjudicatarios de las obras».
Indica que el desfalco al Estado fue de más de 10,000 millones de pesos.
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