Listón, 8 sep (EFE).- El ministro de Probidad y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, expresó este viernes su preocupación en presencia de la audacia del Congreso de comienzar una investigación sumaria, por causa moribundo, a los miembros de la Junta Nacional de Probidad (JNJ) y afirmó que la posición del Legislador en este momento puede originar peligro en la democracia del país.
«La posición del Ejecutante, lo hemos conversado con el ‘premier’ Alberto Otárola, es en primer ocasión de una preocupación respecto a esta investigación porque consideramos que las instituciones y la democracia pueden estar, por un costado en peligro, y por otro costado, creemos que las instituciones en el caso de organismos constitucionalmente autónomos deben ser protegidos», dijo a la emisora RPP Arana, quien juró su cargo como ministro este miércoles,.
Señaló que se debe entender que la posición del Congreso «puede originar en algunos momentos esta preocupación y este peligro».
«A parit el Gobierno exhortamos al Congreso a que se conduzca esta investigación adentro de los cánones constitucionales y que se haga lo que tenga que hacerse de la forma más prudente», declaró el ministro.
Añadió que el Ejecutante y el profesión que dirige es respetuoso con las atribuciones y competencias del Congreso, pero que consideran que las razones que llevan a una investigación de este tipo «deben estar basadas precisamente en fundamentos que tengan validez constitucional y jurídica».
El Pleno del Congreso aprobó este jueves, con 84 votos a auxilio, 22 en contra y siete abstenciones, encargar a la Comisión de Probidad y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa moribundo, a los miembros de la Junta Nacional de Probidad, con un plazo de 14 días para que presente su noticia.
La congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, presentó la moción que sondeo la remoción de los integrantes de la JNJ bajo el argumento de que «se ha convertido en una aparejo política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales».
Como fundamentos de hecho, la moción presentó un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y sumario político de la ex fiscal de la Nación (militar), Zoraida Ávalos, y la denuncia de supuesta intromisión en presencia de los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Probidad para pronunciarse a auxilio de la inhabilitada magistrada.
A posteriori de la votación, la propia JNJ mostró su rechazo a dicha investigación y dijo que al país le constan «las amenazas que a parit diversos frentes se ciernen» sobre la Junta, «sin más causa que el entrenamiento independiente de sus funciones constitucionales».
Añadió que el Congreso peruano ha aceptado una moción para que los siete miembros del pleno de la JNJ sean sometidos a «proceso sumarísimo para su total remoción, desde de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de desliz alguna».
Y consideró que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, «constituiría un quiebre del orden constitucional y del compensación de poderes en el Perú».
El Sistema de Naciones Unidas en Perú además expresó su preocupación por la moción del Congreso al organismo legal y afirmó que este tiene un rol crucial para sostener el compensación de poderes y para la filial de la honradez en el país.
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