Redacción.- El doctor Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), sobresalió avances importantes en la implementación del nuevo modelo penitenciario en el país. Tambien, subrayó la necesidad de desvincular el sistema penitenciario de la Procuraduría General de la República, proponiendo su gestión a través de un Ministerio de Justicia o un organismo autónomo.
Según dice Santana, este cambio es vital para eliminar las irregularidades y contrarreformas que han obstaculizado la implementación del nuevo modelo penitenciario. «El sistema penitenciario tradicional es corrupto, y a partir 2016 se han entronizado intereses económicos que afectan el progreso de la reforma», manifestó.
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El plan de ONAPREP prevé la construcción de 52 centros penitenciarios, garantizando al menos uno por provincia, con miras a resolver el tema penitenciario en su totalidad para el año 2028. Estos centros van a estar diseñados para evitar la sobrepoblación, así como separar a los internos preventivos de los condenados.
Tambien, este modelo incluye programas educativos obligatorios, a partir la alfabetización hasta la educación superior, unido con actividades laborales, deportivas y recreativas, bajo la premisa de «cero ocio». Sin embargo, Santana advirtió que el avance enfrenta obstáculos internos debido a mafias enquistadas en la Procuraduría General, que han promovido una «contrarreforma penitenciaria» a partir 2016.
“Naturalmente que esas mafias en la Procuraduría tienen que ser hoy, mañana o pasado removidas porque si no se remueven no estamos expresando de nada”, subrayó Santana.
Actualmente, 4 centros están en fase final de construcción y sumarán cerca de 4,000 nuevos espacios penitenciarios este año, lo que restará significativamente la sobrepoblación. Santana enfatizó que la eliminación de policías y militares del personal penitenciario es otro componente clave del modelo, unido con la formación especializada de vigilantes técnicos penitenciarios.
Finalmente, subrayó la importancia de mantener reuniones periódicas con diferentes instituciones gubernamentales para monitorear los avances y garantizar que la reforma se implemente de acuerdo con los estándares internacionales.
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