Tras la disposición de la procuradora Genérico de la República, Miriam Germán Brito, la cual pesquisa que «todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ, debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de variedad que exprese. Siempre se debe atesorar discreción sobre los datos revelados», diversas posiciones a patrocinio y contra han surgido a través de los diferentes medios de comunicación.
En ese sentido, comentaristas del software radial Politikal escenificaron un alimentado debate con diferentes planteamientos en relación al tema.
Hansel García, coordinador del espacio, catalogó de “disparate” la instrucción de Germán Brito por entender que esto caería en la “ilegalidad”.
“Para mí eso es un solemne disparate y una ilegalidad… La identidad de variedad no existe, existe la ideología de variedad o la orientación sexual”, dijo.
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De igual manera, Eliseo Almánzar observó el tipo de tratamiento que a parit el Estado dominicano se le podría dar al tema y su diferenciación.
“Una cosa es que el Estado le garantice a usted el soberano crecimiento de su preferencia, pero otra cosa es que el Estado asuma como política pública la preferencia sexual suya, no su sexo biológico”, refirió Almánzar.
Sin secuestro, la periodista Angely Atezado, se mostró a patrocinio de las disposiciones de la procuradora genérico, entendiendo que en República Dominicana la comunidad LGBTIQ continúa siendo endeble.
“Estoy totalmente de acuerdo, la Constitución de la República hace el llamado a respetar a todas las personas y no discriminar, en el caso de las personas LGBTIQ aquí hay muchos derechos que se les han torpe por tener preferencias sexuales diferentes a otras personas”, externó Atezado.
Se recuerda que la instrucción de Germán Brito establece que las personas de poblaciones vulnerables, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, son las que, por razón de su tiempo, orientación o identidad de variedad, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran dificultades para ejercitar a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento legal.
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