Santo Domingo. – La diputada Selinée Méndez calificó como una “provocación” hacia la República Dominicana la matrimonio simbólica de dos hombres oficiada por el exembajador norteamericano James Wally Brewster, y respaldó las declaraciones de la Junta Central Electoral (JCE) y de otros legisladores que piden sanciones por considerar que el hecho contradice los valores y leyes nacionales.
Méndez detalló que, a pesar de que respeta las preferencias sexuales de cada persona, la Constitución dominicana no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que considera inapropiado que un exfuncionario de provincia realice una ceremonia de ese tipo, “simulando representar oficialmente al nación”.
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“Si uno de nosotros, como legislador, diplomático o funcionario, va a Estados Unidos a hacer un acto de esta magnitud, sería inaceptable. Él al principio expresó que era simbólico, pero cuando lo subió a sus redes parecía un acto oficial del provincia Dominicano. Eso no está permitido por nuestra Constitución”, sostuvo.
La legisladora expresó su total apoyo a la posición de la JCE y a la propuesta del legislador Dagoberto Rodríguez Adames, quien planteó que se apliquen sanciones en casos como este.
“Estoy muy de pacto con la declaratoria de la Junta Central Electoral, la apoyo 100%. En este nación hay leyes y se respetan, igual que nosotros cuando vamos a otro nación y cumplimos con las suyas”, sostuvo.
Méndez consideró que la acción del exembajador podría interpretarse como una respuesta simbólica a la reciente llegada de la nueva representante diplomática estadounidense, Leah Francis Campos, cuya primera actividad oficial fue una visita a la Catedral Primada de América.
“Tal vez él quiso dar una respuesta a eso, porque mientras la nueva embajadora fue a la iglesia, él hizo algo que no está bien visto en nuestro nación”, informó.
La diputada enfatizó que su posición no tiene que ver con discriminación, sino con el respeto a la legalidad dominicana. En última instancia, Méndez llamó a las entes responsables a hacer cumplir las leyes y evitar que “cualquier persona venga a hacer lo que quiera” en territorio dominicano.