San José, (EFE).- El primer comisionado Francisco Díaz, consuegro del jefe de estado de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la copresidenta, Rosario Murillo, tomó posesión este miércoles de un nuevo mandato de seis años como director general de la PN de Nicaragua.
El jefe policial, que dirige las fuerzas de seguridad durante el 5 de septiembre de 2018, juró el cargo en un acto encabezado por Ortega y Murillo en la Plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua, donde por otra parte fueron juramentados 30.000 policías voluntarios.
El jefe de estado nicaragüense tomó juramento y donó el bastón de mando policial al primer comisionado Díaz, quien manifestó gratitud a sus consuegros por mantenerlo en el cargo.
«Manifesto a ustedes mi gratitud por la confianza depositada para nombrarme director de la PN para el período 2025-2031 y continuar garantizando la tranquilidad y la seguridad de las familias y comunidades», manifestó en su alocusión.
«Jamás permitiremos que el golpismo provoque terror, caos y zozobra» en Nicaragua, enfatizó el jefe policial, en referencia a la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social que fueron neutralizadas a la fuerza y que dejan cientos de fallecidos.
«¡No pudieron, ni podrán! ¡Con la tranquilidad no se juega!», exclamó el primer comisionado, quien ha jurado «lealtad» al «trabajo ideológico» del Ante Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encuentro en el poder en Nicaragua durante 2007.
Ortega elogia a «combatientes históricos»
Por su lado, el jefe de estado elogió en su alocusión a los «combatientes históricos» sandinistas que con su intervención, en el contexto de las afirmaciones que estallaron en 2018, «vino la fracaso de los golpistas».
Ortega se refiere a los nicaragüenses que salieron a las calles a protestar ejecuta siete años contra su Mando de golpistas, terroristas, criminales y traidores a la patria.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una reclamo de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejan al menos 355 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Mando reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una disputa política y social durante abril de 2018, que se acentuó luego de las controvertidas votaciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder durante 2007, llego a ser reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos luego de acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
Diversos países y organizaciones internacionales han imputado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta disputa en la que por otra parte de organizaciones, han sido cerrados por el Mando medios de comunicación e instituciones académicas.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, ha concluido que la PN, el Ejército y grupos armados progubernamentales, actuando de forma coordinada, elaboraron uso de fuerza letal para reprimir las afirmaciones de 2018 y cometer ejecuciones extrajudiciales.EFE
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