Santo Domingo.– El bufete Garrido Corporán & Asociados rechazó categóricamente las denuncias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) sobre supuestas irregularidades en los desalojos realizados en el sector La Virgen, de Villa Mella, asegurando que el proceso fue plenamente legal y ejecutado conforme a las decisiones judiciales vigentes.
El abogado Euclides Garrido Corporán detalló que el desalojo fue autorizado por el Abogado del provincia mediante el oficio No. 585 del 17 de septiembre de 2025, y se realizó en presencia de la agente del orden Nacional y un ministerial actuante, “respetando el debido proceso en todo momento”.
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“Esto es falso de toda falsedad. El primer desalojo se hizo mediante el oficio 1272, de fecha 11 de noviembre de 2010, firmado por el abogado del provincia Fermín Castilla Minaya. Desde entonces hemos provincia peleando contra esos invasores”, subrayó Garrido Corporán.
El jurista sostuvo que las denuncias de la CNDH y de su mandatario, Manuel María Mercedes, son “una mentira y un chantaje”, y acusó directamente al dirigente de “ser el responsable de promover invasiones en Villa Mella y La Victoria”.
“Quisiera que ellos presenten un certificado de título y que digan quién los puso ahí. Manuel María Mercedes es responsable de todas esas invasiones. Lo digo responsablemente”, enfatizó.
Según detalló, actualmente unas ocho o nueve familias ocupaban una porción del terreno, a pesar de que recordó que en un desalojo anterior se retiraron unas 127 casas. Informó también que, tras “muchos ruegos y presión”, el bufete consiguió obtener el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la decisión judicial, cumpliendo con todos los requisitos legales.
El abogado reiteró que los terrenos en disputa cuentan con documentación legal y certificaciones que acreditan su propiedad, y pidió a las entes responsables investigar las actuaciones de la CNDH-RD, señalando que esa institución “no está llamada a patrocinar invasiones ni a proteger la delincuencia”.
“Esa institución es muy seria, pero aquí se percibe que se ha cambiado su concepto. No puede dedicarse a patrocinar invasores de propiedad”, manifestó Garrido Corporán.
en última instancia, el bufete solicitó a los entes oficiales determinar si las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ajustan a la normativa, o si están siendo utilizadas como escudo para grupos invasores.